Entre 2018 y 2020, miles de cristianos y católicos en zonas rurales de Inglaterra vieron con impotencia cómo, una a una, las iglesias de sus comunidades eran robadas. En las noches, la feligresía asistía a misa y a la mañana siguiente descubría que los techos de sus templos habían sido robados.

La racha de robos empezó en Somerset, al suroeste de Inglaterra y luego se extendió por decenas de condados, como Lincolnshire. Un grupo de hombres llegaba a alguna región alejada de las ciudades inglesas y aprovechando la poca presencia policiaca trepaba a los techos de madrugada; aprovechando la oscuridad, quitaban las cubiertas y se las llevaban en vehículos de carga pesada.

No eran robos menores. Cuando saquearon el techo de la iglesia de San Bartolomé en Covenham, las autoridades tasaron el botín en unos 6.3 millones de pesos. La razón de esa valuación tan alta estaba en el acero, que era lo que atraía a los criminales.

Tras 36 robos, 36 iglesias sin techo, las autoridades por fin atraparon a los ladrones. Para su sorpresa, no era una simple banda, sino una célula dedicada al tráfico de metales robados, uno de los mercados negros más lucrativos en el mundo. La célula estaba integrada por cuatro jefes de la mafia rumana que operaba a unos kilómetros de Londres. Sólo con las iglesias habían logrado ganancias superiores a los 55 millones de pesos.

El descubrimiento hizo que se iniciara una investigación parlamentaria sobre este delito, que ocurre cuando un objeto es robado con el propósito de acceder a los metales que lo componen. Es un delito por partida triple: contra el patrimonio del mundo, contra la infraestructura nacional y contra la propiedad privada. Y la magnitud es variable: desde la sustracción de una tapa de drenaje hasta el robo de un techo de iglesia hecho de acero.

La investigación de los congresistas europeos arrojó datos alarmantes en 2022: por un lado, se trata de un delito que en Inglaterra equivale, cada año, a 12 mil 182 millones de pesos mexicanos; por otro, en ese país de “primer mundo”, hay 60 grupos del crimen organizado que se disputan los metales robados a balazos: la mafia rumana, albanesa, italiana… sin descartar a los omnipresentes cárteles mexicanos.

Estas organizaciones criminales apuestan al alto precio en el mercado legal de metales como el acero, cuyo precio se disparó después de la pandemia. Los criminales aprovechan que es un bien costoso y necesario para muchos empresarios y gobiernos, así que ofrecen sus productos robados hasta con un 66% de descuento.

En Inglaterra, por ejemplo, la mafia rumana entrega lo robado a un reciclador ilegal de metal, que es manejado por otro grupo criminal, que lo mezcla con otros metales y así abarata el producto final.

En México, el crimen organizado tiene un mecanismo más complejo: según una investigación federal a la que tuve acceso, en estados como Guanajuato y Puebla, los cárteles tienen sus propias plantas procesadoras de metales, como el acero o cobre, para asegurarse que el origen del material robado sea irrastreable. Así controlan toda la cadena de comercio de metales ilegales, desde su hurto hasta su venta, y maximizan las ganancias.

En los últimos años, el acero se ha convertido el objeto del deseo de los cárteles, especialmente los que operan en el centro del país, como el Jalisco Nueva Generación o Santa Rosa de Lima, quienes buscan ser proveedores de material para las nuevas empresas y plantas que han llegado a México impulsadas por el fenómeno del nearshoring.

Pero a diferencia de la mafia rumana que roba techos de iglesias, los sicarios mexicanos consiguen el acero en las carreteras. Los cárteles arman sofisticadas emboscadas contra transportistas para quitarles, a punta de pistola, principalmente varillas, alambres y láminas de acero. Sólo durante 2023, la Cámara Nacional del Acero reportó el robo de 9 mil 124 toneladas de ese material.

El amago del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio es maravilloso para el crimen organizado global. El republicano encarecería, de un plumazo, uno de los bienes de mayor demanda internacional y que el crimen organizado sabe robar rápido y revender barato.

Los cárteles están de fiesta: Donald Trump, de nuevo, ha demostrado ser su mejor aliado.

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Los que conocieron a Estanislao García dijeron a las autoridades que su familiar y amigo presentía, desde una semana atrás, que lo querían a matar. No era una intuición, sino una certeza. Hasta su despacho como presidente seccional de Puerto Palomas, un pequeño pueblo al norte de Chihuahua, le había llegado un mensaje escrito a mano en el que le exigían dejar el cargo en tres días o conocer la furia del cártel local.

Estanislao García no hizo caso. Muchos le pedían que huyera, pero él les repetía que no iría a ningún lado. Los testigos en la procuraduría estatal dicen que se quedó en el pueblo a sabiendas de que trabajar sin escoltas era una suicida. Eran los últimos días de septiembre de 2009 y hasta su jefe de la policía, Emilio Pérez, había escapado hacia Estados Unidos.

Tras muchas súplicas, cuentan que el alcalde fechó su salida de Puerto Palomas para el 10 de octubre, pero tres noches antes, el miércoles 7, un comando le cerró el paso. Su ausencia se transformó en una ficha de búsqueda y luego en un hallazgo terrible: ahí estaba Estanislao García, en la cajuela de un Datsun. Su cuerpo estaba perforado por balas 9 milímetros y apenas reconocible por las llamas que lo carbonizaron. El Cártel de Juárez lo había eliminado para controlar Puerto Palomas.

¿Qué de especial tiene ese pueblo abandonado? Para algunos, sus calles empolvadas son relevantes para la historia nacional: el 9 de marzo de 1916, desde Puerto Palomas, Francisco Villa invadió Estados Unidos. Saqueó e incendió la vecina Columbus, en Nuevo México, en venganza por el reconocimiento que dio el gobierno de Estados Unidos al de Venustiano Carranza. Así, “El Centauro del Norte” entró a los libros de historia.

Ya en el siglo XXI, Puerto Palomas aún atrae a empistolados, pero por otras razones. Estas se pueden entender con lo que sucedió dos meses después del asesinato del político mexicano.

En enero de 2010, sin la tenacidad de Estanislao García, el alcalde del vecino Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza —junto con su jefe de la policía y otros 9 uniformados estadounidenses— iniciaron la compra de más de 200 armas de fuego para el Cártel de Juárez, que sostenía una violenta guerra contra el Cártel de Sinaloa.

Simulando que el armamento iría a proteger la frontera, el “mayor” Eddie Espinoza y sus cómplices compraron rifles AK-47, pistolas 9 mm, munición calibre 7.62 y cargadores para entregarlos en Puerto Palomas sin que nadie los molestara. También saquearon las finanzas de la ciudad para entregarles bolsas repletas de dinero a los representantes de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Todo a cambio de jugosas comisiones.

Esos 11 funcionarios estadounidenses no lo sabían, pero las armas que traficaban formaban parte del Operativo Rápido y Furioso, una fracasada misión acordada entre los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama para dejar que las armas corrieran de Estados Unidos a México y les diera seguimiento para usarlas como evidencia contra los cárteles. A miles de esas armas se les perdió el rastro y la “gran” idea terminó haciendo más letal al crimen organizado mexicano, pero las armas de Columbus sí pudieron ubicarse en Chihuahua y los burócratas de Nuevo México fueron enjuiciados y llevados a prisión.

Desde entonces, el cáncer de la infiltración del crimen ha hermanado a ambas comunidades en los dos lados de la frontera. Ha pasado más de una década desde esta historia y Puerto Palomas, Chihuahua, hoy es un pueblo fantasma donde nadie quiere vivir por el control que tiene el crimen organizado. Y en Columbus, Nuevo México, el que puede se muda porque los servicios urbanos son muy deficientes debido a que el gobierno federal y estatal no confía en los funcionarios locales, quienes pueden volver a desviar el presupuesto hacia los cárteles.

La ausencia de autoridades ha convertido a esa región en un sendero violento para traficar migrantes indocumentados al norte y recibir armas de alto poder al sur. Una región indómita como en tiempos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto.

Este 4 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó la movilización de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 poblaciones fronterizas como parte del Operativo Frontera Norte, un acuerdo con el mandatario Donald Trump para pausar una eventual guerra comercial. Entre ellas están ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez, pero inesperadamente se Puerto Palomas se coló en esa lista.

Por el bien de quienes ahí resisten: éxito a los que van combatir el crimen organizado. Sepan que tienen la oportunidad da honrar la memoria de Estanislao García y su terca honestidad.

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Un fuerte olor a hierba delató a aquella plantación de marihuana. Al principio, los policías de la comunidad de Merced, California, en el Valle de San Joaquín, pensaron que ese hedor provenía de algún grupo de amigos o familia que ejercía con pasión su derecho al consumo recreativo de cannabis. Luego, por la permanencia del olor que sólo rodeaba a un inmueble, intuyeron que se trataba de algo más: una instalación ilegal.

Los policías pidieron a la tesorería de la ciudad de Merced los registros de fábricas, cultivos, dispensadores y comercializadores legales de marihuana. Ninguno correspondía a la direccion de donde provenía ese olor penetrante. Aquello confirmó que estaban frente a un negocio cannabico ilegal apenas a unos 650 kilómetros de Tijuana, Baja California, que en los últimos años se ha vuelto un bastión codiciado por Los Chapitos.

Así que las autoridades se prepararon para actuar. Juntaron testigos, evidencias, fotografías y acudieron a un juez, que les firmó una orden de cateo. El pasado 26 de julio, la policía de California ejecutó ese mandato judicial: rodearon el inmueble y decenas irrumpieron en el edificio. Un golpe de olor dulzón a marihuana los recibió al patear la puerta.

Los que entraron primero vieron un espejo de cuerpo completo en la planta baja. También, un ventilador para atenuar el olor. En el piso, desordenadas, varias cajas de cartón con marihuana empaquetada en dosis personales. Y sillas plegables para quienes tenían la tarea de recibir el cannabis, pesarlo, dividirlo, embolsarlo y encajarlo. Una típica casa de distribución de droga. Lo que en México llamamos “un punto” o “un piquero”.

Adentro estaban 60 trabajadores, hombres y mujeres, quienes habían llegado al inmueble apenas unos días antes. Todos eran migrantes indocumentados que habían cruzado la frontera con la promesa de que en la Unión Americana les esperaba un trabajo honrado. En realidad, los polleros les tenían reservado un asiento en esa mitad plantación, mitad fábrica de marihuana en condiciones infrahumanas, cercanas a la esclavitud. Unos aceptaron porque debían a los polleros, es decir, al cártel que los había llevado. Otros bajaron la cabeza por miedo a ser asesinados, si renegaban de ese trabajo sucio.

“Esto es descorazonador. Vamos a ayudar a estas personas”, dijo el sherif Vern Warnke. Y cumplió su promesa con una generosidad que yo no sé si veremos otra vez en la segunda administración Trump: ninguno de los 60 trabajadores migrantes indocumentados fueron arrestados. Al fin y al cabo, eran víctimas, no delincuentes, como esos que escaparon cuando vieron el operativo y siguen prófugos de la justicia.

Le cuento esta historia a un hombre que me ha pedido que lo llame Raymond. Él es administrador de un plantío ilegal de marihuana en California. A pesar de la legalización, prefiere operar sin licencias para no pagar altos impuestos y vender a bajo costo. Por ende, su negocio es pujante. Y Raymond me cuenta algo que yo no había imaginado: también los narcotraficantes, como él, necesitan migrantes indocumentados para sus negocios sucios.

Raymond me confiesa que está preocupado. La política de deportaciones masivas de Donald Trump también amenaza su forma de vida: sin migrantes indocumentados que trabajen para él —aunque ofrezca condiciones que él llama dignas, similares a un campo de jitomates o fresas— su negocio corre peligro. Otros como él comparten esa angustia: ¿qué fuerza laboral nos quedará, si millones sin papeles regresarán a la fuerza a sus países?

El plan de deportaciones masivas de Trump podría provocar una caída del PIB anual entre el 4 y el 7%, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3%. El impacto sería especialmente severo en California, Texas y Florida, donde viven casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y 1 de cada 20 podría ser deportado.

Para Raymond eso tendría un efecto claro en el mercado de drogas. Si empresas como la suya no tienen mano de obra, el mercado irá a otras variantes de drogas que no necesitan tanto personal, ni cuidadores de invernaderos, ni cultivadores ni piscadores, es decir, las drogas sintéticas. Y la mejor de todas es el fentanilo.

Para marihuana ilegal, se necesitan 60 migrantes indocumentados. Para fentanilo, apenas unos cuantos cocineros. El plan de Donald Trump, dice, es un balazo en el pie: es la manera más sencilla de orillar a narcos gringos como Raymond a mudarse de los cultivos a lo sintético. Y entonces todo lo ganado contra el fentanilo se irá al carajo porque Donald Trump mandó al carajo también a nuestros paisanos.

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